Una vez más el Colegio de Odontólogos de Salta expresa su enorme preocupación por la situación que les toca vivir a sus matriculados frente al destrato por parte de las obras sociales.
Tal como lo advirtiéramos en su momento, el Gobierno Nacional autorizó durante el 2023 un aumento de hasta el 135% a prepagas nacionales, porcentaje que no se vio reflejado en el pago de las prestaciones a los odontólogos y otros profesionales de la Salud. En el mismo sentido, el Instituto Provincial de la Salud de Salta (I.P.S) tiene cautivos a miles de afiliados que efectúan su aporte en forma proporcional a sus haberes, sin que estos aumentos repercutan en los honorarios profesionales.
Sin perjuicio de la enorme responsabilidad que les cabe a quienes conducen obras sociales y prepagas, es imperioso que las entidades intermedias exijan la urgente renegociación de los contratos utilizando todas las vías legales para ello.
Es oportuno recordar, que un elemento que podría coadyuvar al respecto, sería la intervención del Colegio en la homologación de los convenios, prevista en la frustrada actualización de la Ley que regula la institución, por lo que esperamos que se retome el tratamiento de la misma.
Creemos que resulta plenamente aplicable la Teoría de la Imprevisión, prevista en el Código Civil y Comercial, que consiste en el derecho a la revisión de un contrato de ejecución diferida o continuada, cuando por circunstancias sobrevinientes extraordinarias, se produce una alteración importante en las prestaciones de tal modo que una de las partes resulta gravemente perjudicada con su cumplimiento por lo que se puede resolver el contrato u obtener un reajuste equitativo.
Es claro el perjuicio que sufren los prestadores; en particular los odontólogos quienes deben afrontar los crecientes costos de los insumos, sin perjuicio que deben llevar el sustento a sus hogares. Por ello, quienes negocian los contratos deben tomar cartas en el asunto, que trasciendan las presiones mediáticas y sectoriales que son valiosas pero no suficientes.
En otro sentido, entendemos que debe gestionarse en forma urgente la posibilidad de que, mientras dure el estado de grave crisis, se les permita a los odontólogos cobrar arancel diferenciado, de modo que se amortigüe esta situación de desigualdad.
Nos ponemos a entera disposición de nuestros colegas y de todas las instituciones que representan a los profesionales de la odontología para efectuar esfuerzos mancomunados que dignifiquen el ejercicio profesional, lo que traerá aparejado la mejora del sistema de salud.
Mesa Directiva COS
