Una reciente publicación del diario El Tribuno informó sobre el debate entre el sector odontológico y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) por la exigencia de enviar fotografías de la boca de los pacientes para autorizar prácticas odontológicas.
Las entidades profesionales manifestaron su preocupación por el impacto de esta medida en la privacidad de los pacientes, especialmente en el caso de menores, además de señalar que genera demoras y mayor carga administrativa en la atención.
Desde el IPS indicaron que el sistema aún se encuentra en revisión, mientras continúan las gestiones para alcanzar una solución al conflicto.
En paralelo, el conflicto incluye otros reclamos estructurales. El Colegio denunció una “crisis prestacional” vinculada a aranceles atrasados, pagos con demoras de hasta tres meses y condiciones contractuales que, según sostienen, afectan la dignidad profesional. “Facturamos hoy para cobrar a 60 días y, si el IPS se atrasa, una práctica en seis meses no vale nada”, afirmó la Od. Jorgelina Ojeda, presidente del COS.
También cuestionó el sistema de “garantías” que obliga a los profesionales a responder económicamente por tratamientos realizados: “A los profesionales de la salud no se les descuenta, es una ley de medios, no de resultados”, argumentó.
