Mesa Directiva del Colegio de Odontólogos de Salta informa a sus matriculados que la Comisión Provincial de Investigación en Ciencias de la Salud, está integrada por profesionales de todas las disciplinas médicas, pertenecientes al sector público, cuerpos colegiados de la rama y Universidades.

Desde el Ministerio de Salud Pública de Salta se dieron a conocer las normas regulatorias en materia de investigación en salud, los procesos administrativos que cada área debe seguir para presentar un Protocolo de Investigación, las misiones y funciones del Programa de Docencia e Investigación, entre otros aspectos.

La Ley Nº 7544 impulsa las investigaciones biomédicas en seres humanos en todo el territorio provincial, para protección de la integridad de las personas y el control de cumplimiento de sus normas bioéticas. Se entiende por investigación biomédica en seres humanos, estudios médicos y de comportamiento destinados al avance de los conocimientos científicos.

En representación de la institución fue designado el Od. Marcelo Slcarovsky como miembro titular en Odontología. Mesa Directiva recordó que, a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y por lo dispuesto por la ley 7544 toda investigación en seres humanos, protocolos, metodología y normas de bioética realizadas en instituciones públicas o privadas deberán tener el consentimiento de la Comisión Provincial de Investigación en Ciencias de la Salud, previo pase por el Hospital o institución donde se realizará el reclutamiento de sujetos de investigación utilizando el mecanismo de doble instancia, a fin de evaluar posibles riesgos para la salud humana y eventualmente promover sugerencias y/o modificaciones de protocolos de investigación en seres humanos.

Todo profesional odontólogo que se encuentre realizando o iniciando investigaciones en seres humanos, deberá ponerse en contacto con el miembro titular para asesorar y acompañar el proceso de gestión de un protocolo de investigación.

La Comisión tiene atribuciones de penalizar incumplimientos e informar a los Colegios Profesionales sobre las violaciones de las normativas e iniciar acciones judiciales pertinentes.

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